| |
Quienes
somos
El objetivo de nuestra organización
es ofrecer la búsqueda permanente de su vehículo en todos los estacionamientos del del territorio nacional. Contactamos con personal directo en todos los estacionamientos que nos informarán diariamente si poseen el vehículo solicitado por nuestra organización.
Nuestro personal tambien, buscan los vehiculos, en zonas conflictivas, puntos negros, aduanas, gasolineras, estacionamientos publicos y privados, aeropuertos, asi como en la via publica, etc., la busqueda es hasta que el vehiculo se recupere.
Para la busqueda de su vehiculos robados, contamos con la colaboracion de agrupaciones de taxistas, radio-taxis y tele-taxis, y otras líneas de tranporte a nivel nacional.
Una autoridad única contra el robo de vehículos
El robo de vehículos es el delito que tiene mayor incidencia en el país. Diariamente,
alrededor de 300 vehículos de distintos tipo son robados en Venezuela. Puede afirmarse que no hay en Venezuela una persona que no haya sido víctima directa o indirecta de este delito. El robo de vehículos constituye un negocio millonario. Si se toma como valor promedio
25 millones de bolívares por automóvil (incluyendo los intereses del financiamiento), el robo de vehículos representa un valor acumulado de miles
de millones de bolívares diarios.
Por lo general los ladrones no son delincuentes individuales o simples pandillas, sino que se trata de un negocio estructurado en numerosos niveles. El ladrón, o "mula", recibe solamente una pequeña
suma por el simple apoderamiento del vehículo y su correspondiente entrega al comisionante. Estos delincuentes por lo general no tienen la menor noción del valor de la vida humana. Si consideramos que en Venezuela se mata para robar un simple par de zapatos, tomaremos conciencia de que mucho maleantes son capaces de asesinar por el dinero que obtienen del robo de carros. Éstos son simples intermediarios de quienes intervienen en los otros eslabones de la cadena: hay mafias que adquieren el vehículo robado para revenderlo, o para desarmarlo y venderlo como repuestos, quienes lo utilizan para realizar asaltos o para transportar drogas.
Desde este punto de vista, resulta importante que el proyecto de Ley Orgánica sobre la Delincuencia Organizada que actualmente considera el Congreso de la República, muy acertadamente haya incluido dentro del ámbito de su aplicación el delito de "apoderamiento y tráfico ilícito de vehículos de cualquier índole y de sus partes".
El robo de vehículos es un fenómeno complejo que requiere una acción integral y coordinada de las autoridades. Es un delito múltiple en el cual, además de la apropiación de un bien ajeno, se combinan muchos otros delitos: daño a la propiedad privada, amenaza y/o atentado contra la vida y la integridad de la persona, secuestro, lesiones, agresión, y en muchos casos violación y/u homicidio.
El Estado está obligado a perseguir, aprehender y castigar a los delincuentes que se dedican al robo de vehículos, pero debe atacar también su vertiente económica o comercial. Mientras el robo de vehículos represente una actividad que produce jugosos beneficios económicos, seguirá habiendo ladrones de vehículos. Eliminando el lado lucrativo del "negocio" del robo de vehículos, la actividad perderá su rentabilidad y dejará de tener interés para quienes se dedican a ella.
Para poder cumplir una acción efectiva contra el robo y hurto de vehículos es indispensable asegurar una coordinación estrecha y efectiva de todas las autoridades competentes:
CICPC, Guardia Nacional, Vigilancia de Tránsito, Policías Municipales.
Desde 1992 existe la COMISION NACIONAL COORDINADORA DEL PLAN PARA LA RECUPERACION Y DEVOLUCION DE VEHÍCULOS, creada por Resolución de los Ministerios de Relaciones Interiores, Defensa, Justicia y Transporte y Comunicaciones, G.O. 34.949 de 23-04-92). La integran los Directores Generales Sectoriales de Política Interior (quien la preside) y de los Servicios de Inteligencia y Prevención (MRI) los Directores Nacionales de Vigilancia y Tránsito Terrestre (MTC) y de Coordinación Policial (MRI) el Director del
CICPC (MJ), y un Oficial Superior de la Guardia Nacional designado por el Ministro de la Defensa quien funge de Secretario Ejecutivo. Su función es coordinar "todo lo relativo a la detección, búsqueda y recuperación de vehículos hurtados, robados o extraviados" y cooperar "en el establecimiento de los mecanismos adecuados para una eficaz y rápida devolución de los mismos a sus legítimos propietarios".
La creación de esa Comisión fue un paso acertado en la dirección correcta. Sin embargo, la competencia de ese órgano, en el cual participan todos los despachos responsables de los órganos policiales, está limitada a la coordinación de las actividades relacionadas con la recuperación de los vehículos y su devolución a sus propietarios. O sea que solamente se ocupa de una faceta parcial del problema del robo y hurto de vehículos.
En nuestra opinión, debería ampliarse la competencia de ese órgano asignándole también la responsabilidad de asegurar la coordinación de los mismos despachos que la integran en todo lo relacionado con la persecución, aprehensión y castigo da los delincuentes que se dedican al robo de vehículos.
Para que esa Comisión pueda asegurar la efectiva coordinación entre las diferentes instituciones que la integran y al mismo tiempo poner fin a los casos frecuentes situaciones de corrupción a que se prestan sus funcionarios, habría que convertir a CONAREVE en un órgano provisto de un status similar al de la Comisión Nacional Antidroga (ANC, anteriormente CONACUID), con todo el poder y el respaldo político, financiero y operativo necesario para actuar eficazmente y con autoridad.
El robo de vehículos moviliza recursos mucho más cuantiosos que el narcotráfico, tiene ramificaciones internacionales, a diferencia del narcotráfico diariamente cobra vidas de ciudadanos inocentes, y, además, afecta a casi toda la población del país. Estas características son
mÁs que suficiente para justificar la transformación de CONAREVE en un órgano similar a la CNA.ONACUID. Para ello bastaría con "repotenciar" la CONAREVE, elevándola de nivel para que pueda cumplir en el ámbito del robo de vehículos una función similar a la que viene desempeñando con tanta efectividad la CNA. CONAREVE debería ser convertida en una autoridad única, con competencia de alcance nacional bajo la dirección o presidencia de un funcionario de alto nivel, responsable directamente ante el Ministro de Relaciones Interiores o del Presidente de la República.
Esta es la única manera de poner fin a la rivalidad y a los conflictos de competencia entre los diferentes cuerpos de policía que intervienen en el control del robo de vehículos.
Se podría además agilizar la actuación de los órganos jurisdiccionales que intervienen en los diversos niveles de los procedimientos relacionados con el delito del robo y hurto de vehículos. Igualmente se podría combatir las mafias que controlan el negocio del robo y hurto de vehículos. En fin, bajo una autoridad única como la que se propone se podrían atacar todas las facetas que presenta ese negocio lucrativo que es el delito del robo de vehículos. De esa manera se daría una respuesta adecuada al clamor de la ciudadanía que exige del Estado una acción firme, efectiva y eficiente contra ese flagelo que tanto perjuicio esta causando a la sociedad y a la economía del país.
¿Podemos controlar el robo y hurto de vehículos en Venezuela?
La respuesta es
Si. Hay varias medidas para alcanzar ese fin y reducir enormemente la incidencia de este delito que azota a la ciudadanía. Entre esas medidas, las siguientes tienen carácter urgente:
* El Congreso debe sancionar cuanto antes la LEY CONTRA EL ROBO DE VEHICULOS.
* Es necesario establecer una coordinación efectiva entre todos los organismos de seguridad del estado competentes en materia de robo y hurto de vehículos.
* Se deben asignar los recursos necesarios para completar la puesta en funcionamiento de la red nacional de comunicaciones que adelantan
el CICPC y la Guardia Nacional.
* Se debe establecer, a nivel nacional un sistema confiable de identificación de los vehículos.
* Se deben establecer procedimientos ágiles para que las víctimas puedan denunciar el robo de sus vehículos.
* Se deben establecer sistemas confiables para que la ciudadanía pueda informarse acerca de los vehículos recuperados y para que la devolución se haga en forma expedita. Hay que establecer mecanismos para que el comprador de un vehículo usado pueda conocer si éste ha sido robado. De hecho, como puede apreciarse a continuación, ya se han hecho esfuerzos y se han dado pasos concretos importantes en las direcciones antes señaladas. Lo que hace falta es apoyar esos esfuerzos para que las medidas en ejecución logren aplicación plena y alcancen sus objetivos.
Laa sociedad civil se puede movilizar para motorizar el apoyo que requieren las instituciones responsables de completar esos esfuerzos.
El Proyecto de Ley contra el Robo de Vehículos
Hay que tener en cuenta que por lo general no se trata de delincuentes individuales o de simples pandillas, sino que se trata de un negocio estructurado en numerosos niveles. El ladrón, o mula, recibe una suma cuyo monto que puede rondar en los Bs. 500.000 o más por el simple apoderamiento del vehículo robado y su correspondiente entrega al comisionante. Estos individuos por lo general no tienen la menor noción del valor de la vida humana. Si consideramos que en Venezuela se mata para robar un simple par de zapatos, tomaremos conciencia de que mucho maleantes son capaces de asesinar por el dinero que se obtiene del robo de carros. Éstos, a su vez, son simples intermediarios de quienes intervienen en los otros elabones de la cadena: hay quienes adquieren el vehículo robado para revenderlo, o para desarmarlo y venderlo como repuestos, quienes lo utilizan para realizar asaltos o para transportar drogas.
En la Comisión Permanente de Política Interior de la Cámara de Diputados, se está considerando un Proyecto de Ley Contra Robo de Vehículos, el cual contempla un incremento en las sanciones penales importante, así como la eliminación de los beneficios de la LEY DE SOMETIMIENTO A JUICIO. En nuestra opinión es importante penalizar severamente el delito de robo de vehículos porque se trata de un crimen múltiple donde interviene la apropiación indebida, el atentado contra la integridad de la persona, el secuestro y en muchos casos el homicidio. Pero es preciso tener en cuenta que en la medida en que la pena por apropiación indebida, mediante el empleo de la amenaza o el uso de la fuerza se aproxime a la pena que se contempla para el homicidio en primer grado, que es de 25 a 30 años, en esa misma medida se podría condenar a muerte a los conductores. Si al ladrón le van a dar el mismo castigo si perdona la vida que si la quita, evidentemente le preferirá eliminar el testigo. Es preferible penalizar severamente
a las personas que compran vehículos robados . Al igual que en el caso del narcotráfico, es necesario castigar severamente a quienes intervienen en el extremo final de la cadena de comercialización.
Una ley que pretenda combatir el robo y hurto de vehículos debe aplicar sanciones penales cuidadosamente estudiadas, caracterizando los delitos que no están bien tipificados en el Código Penal, pero sobre todo debe contemplar controles eficientes para evitar la comercialización de los bienes robados.
La identificación de los vehículos
La identificación de los vehículos es básica para emprender cualquier proyecto serio para combatir su robo. Constatar la legitimidad de un serial de carrocería o de un VIN es difícil y requiere la presencia de un especialista y de equipos. La experiencia ha demostrado que los seriales de carrocería y el VIN sirven de poco. A diario son adulterados, duplicados o devastados a placer por los antisociales. Estos seriales se componen de 17 signos inmemorizables, por lo tanto, siempre habrá que detener a los vehículos para leerlos. Ninguno de estos seriales identifica a los vehículos de forma visible, práctica y segura. Por otra parte, las placas identificadoras son removibles y falsificables. Lo extremadamente largo de los seriales los hace inservibles para ser utilizados en grabaciones visibles en los vidrios y grabar sus últimos 6 signos no sirve para certificar la identificación del vehículo en caso de que sus seriales fueran devastados. Tampoco se puede grabar el número de registro de las placas, pues éste cambia cuando se asignan placas nuevas por causa de deterioro, robo, pérdida o nueva matriculación. En conclusión, los vehículos no poseen una identificación propia visible y segura. Para evitar estos problemas se creó el Código de seguridad, con él las cosas son distintas. El cambio de placas no convierte a un vehículo solicitado en un vehículo no solicitado, el CS se lee a 15 m, posee una fácil memorización
(más fácil que las placas), es un serial de por vida, imborrable e inalterable (utiliza un alfabeto alfanumérico con signos especiales) y su asignación a cargo del Estado y no de las ensambladoras garantiza de una manera realmente segura la identificación de los vehículos y el control central.
Una serie de ventajas lo acompañan:
1. Además de ir grabado en los vidrios, va grabado en 16 lugares de la carrocería e incluso de piezas mecánicas importantes, de bajo recambio.
2. Con él, cualquier persona sin equipos especiales, puede conocer la legítima identificación de un vehículo.
3. Solamente el propietario conoce los sitios de las grabaciones internas.
4. Una Notaría certificará su adjudicación, constituyéndose en un serial que posee validez ante cualquier tribunal. Lo ideal sería que el MTC adjudicara y llevara el control de todos los códigos de seguridad, pero también se podría llevar este control privadamente, a través de una empresa creada para tal fin. En cualquiera de estas dos posibilidades, se podrá verificar la relación entre el Código de Seguridad y todos los datos restantes del vehículo, sus seriales y el propietario para la fecha. Los delincuentes saben donde se colocan los seriales ocultos. En el CS solamente el propietario los conocerá, pues será él mismo quien los seleccione, por lo tanto entraba y dificulta severamente cualquier intento de adulteración. Circular con un vehículo solicitado o robado que porte el Código de Seguridad resultará muy costoso, pues habría que cambiarle todos los vidrios, las dos placas y grabar nuevamente el vehículo con algún código. El CS es el primer paso para solucionar este delito, pues es requisito indispensable para controlar el registro nacional de vehículos, para evitar la circulación de vehículos robados, la legalización de éstos, su venta con papeles falsos, su desensamblaje y su salida del país. Solamente falta que el Estado le de el apoyo requerido; por cierto, su implementación no le costaría dinero.
La coordinación de los cuerpos de seguridad
El robo de vehículos es un fenómeno complejo que requiere una acción integral y coordinada de las autoridades. Es un delito múltiple en el cual, además de la apropiación de un bien ajeno, combina varios delitos: daño a la propiedad privada, amenaza y/o
atenta contra la vida y la integridad de la persona, secuestro, lesiones, agresión, y en muchos casos violación y/u homicidio. Es un negocio donde intervienen numerosas personas en diversos niveles, movilizando diariamente mas de mil millones de bolívares. El Estado está obligado a perseguir, aprehender y castigar a los delincuentes que se dedican al robo de vehículos, pero el esfuerzo para atacar ese problema debe concentrarse sobre su vertiente económica o comercial. Mientras el robo de vehículos represente una actividad que produce jugosos beneficios económicos, seguirá habiendo ladrones de vehículos. Eliminando el lado lucrativo del "negocio" del robo de vehículos, la actividad perderá su rentabilidad y dejará de tener interés para quienes se dedican a ella.
Para lograr este objetivo es indispensable el asegurar una coordinación estrecha y efectiva entre todas las autoridades competentes en el ámbito del robo de vehículos:
CICPC, Guardia Nacional, Vigilancia de Tránsito, Policías Municipales.
La interconexión computarizada
Para que esa coordinación sea efectiva debe estar respaldada con un sistema computarizado interconectado para que los cuerpos de seguridad reciban inmediata y simultáneamente las denuncias de las víctimas y puedan iniciar, también inmediata y simultáneamente, la búsqueda del vehículo robado. La Guardia Nacional ha dado un primer paso fundamental en esa dirección con la creación de la Sala de Comando, Control, Comunicaciones e Inteligencia (C3I). También
el CICPC realiza un esfuerzo similar.
|
|
